Como en un cuento de nunca acabar, la Comisión Europea “recomendó” ayer a España un “nuevo esfuerzo” para la contención del déficit, lo que en román paladino significa más cargas a los contribuyentes para salir de una crisis provocada por los poderes financieros. Además de un mayor compromiso con la “reforma” (véase recorte) de las pensiones y la “reestructuración” (véase privatización) de las cajas de ahorros, Bruselas sugiere al Gobierno español una reducción de las cotizaciones sociales –que beneficiaría a los empresarios– y, en compensación por la pérdida de este ingreso, una subida del IVA, que recaería por igual sobre todos los ciudadanos por tratarse de un impuesto no progresivo. Lo novedoso de estas últimas propuestas no es que se hayan formulado, ya que responden a la doctrina liberal imperante en las instituciones europeas, sino la rotundidad con que las ha rechazado el Ejecutivo de Zapatero, si se considera que desde hace más de un año viene acatando disciplinadamente los dictados de Bruselas por temor a la furia vengativa de los mercados. El Gobierno no llega tan lejos como para denunciar las recomendaciones por agresivas e injustas con los ciudadanos, que lo son. Tampoco se opone de manera expresa a una rebaja futura de las cotizaciones. Su rechazo se centra en la subida del IVA, ya que una medida de este tipo empujaría al alza la inflación y reduciría la renta disponible de las familias en un momento en que lo que más necesita la economía española es la animación del consumo. Quizá su reacción no alcance dimensiones heroicas, pero el Gobierno hace bien en plantarse. La pregunta es: ¿hasta cuándo?
MARCO SCHWARTZ
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